Selección de Daniel Briones -Valparaíso
Declaración Pública ICAL-CENDA
El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo,
CENDA, y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, manifiestan su
preocupación acerca del hecho que el proyecto de Ley de Presupuesto 2015 no
contempla cambios significativos en la estructura actual del financiamiento
público de la Educación Superior. Por el contrario, se han aumentado significativamente
las partidas destinadas a “subsidiar la demanda”. Se sugiere revisarlo,
redestinando el grueso de estas partidas a financiamiento directo y estable a
las instituciones de calidad que establezcan el 2015 un arancel diferenciado
con tres tramos: arancel cero para los estudiantes que ameritarían becas,
arancel rebajado en el equivalente al arancel de referencia para quienes
ameritarían crédito solidario o con aval del Estado (CAE) y no tengan beca,
arancel rebajado en 10 por ciento para el resto. Adicionalmente, se sugiere
establecer un fondo para reubicar en instituciones estatales a los estudiantes
y académicos de las entidades que no ameriten financiamiento público.
Al respecto sugerimos considerar lo siguiente:
El incremento del financiamiento público destinado al
“subsidio a la demanda”, que ya el año 2014 representaba tres cuartas partes
del presupuesto de educación superior, ha generado creciente privatización,
incentivado el lucro en las instituciones, debilitado la educación pública, instalado
una ineficiente asignación de recursos, encarecido los aranceles y mantenido
una carga agobiadora de desembolsos y endeudamiento sobre los estudiantes y sus
familias. Eso no puede continuar un año más. Especialmente en el caso del
Crédito con Aval del Estado (CAE), que el gobierno anterior había propuesto
terminar mediante un proyecto de ley que lo reemplazaba por un crédito menos
oneroso. Ello fue rechazado por el actual parlamento, con el razonable
argumento que la reforma daría una mejor solución, sin embargo, la misma no
estará disponible para el año 2015, puesto que los proyectos de ley respectivos
no han sido presentados todavía.
La Ley de Presupuesto 2015 puede recorrer de un tranco la
mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior, con pocos recursos
adicionales. Parece sencillo saldar el resto mediante cinco o seis rebajas
anuales sucesivas de aranceles, todas ellas ciertamente compensadas con creces
mediante recursos presupuestarios estables. Es decir, la gratuidad es
perfectamente posible, empezando ahora nada menos que con la mitad,
beneficiando de inmediato a los estudiantes de menores recursos. Para saldar el
resto, basta con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional o poco
más. Quienes con gran alharaca proclaman que no se puede y no resulta
equitativo, o no han estudiado bien las cifras, o buscan disfrazar con estos
falsos argumentos su intención de dejar las cosas como están. Esto último no
tiene ningún destino.
Los ingresos de operación de todas las instituciones de
educación superior suman poco más de tres billones de pesos, según sus balances
reportados al Sistema de Información de Educación Superior (SIES). Dos tercios
de los mismos son financiados mediante aranceles, de los cuales uno es aportado
por el Estado mediante becas y créditos y el otro por las familias de su
bolsillo, en términos aproximados. El tercio restante de los ingresos
operacionales es financiado a su vez por el Estado mediante otros aportes, y
también por venta de servicios, donaciones y otros. Es decir, el Estado
financia actualmente poco menos de la mitad de los todos los aranceles, tanto
de pregrado y postgrado, cobrados por todas las instituciones de educación
superior. Para alcanzar la mitad de la gratuidad el 2015, basta con redireccionar
el grueso de las partidas del Presupuesto 2015 correspondientes a becas,
crédito solidario y crédito con aval del Estado (CAE), aportando adicionalmente
la parte menor de este último que hoy financian los bancos, destinando todos
esos recursos a aportes directos a las instituciones de calidad debidamente
acreditada, que manifiesten su voluntad de ingresar al nuevo sistema público,
rebajando sucesivamente sus aranceles, a partir del 2015 hasta alcanzar la
gratuidad.
Estas instituciones deberán establecer a partir del año 2015
un arancel diferenciado con tres tramos: un primer tramo con arancel cero para
los estudiantes que ameritarían becas, al cual tendrán acceso todas las
familias que pertenecen al 70 por ciento de menores ingresos de la población.
Un segundo tramo de arancel rebajado en el equivalente al arancel de
referencia, para quienes ameritarían crédito solidario o con aval del Estado
(CAE) y no tengan beca, y que pertenecen a los grupos de ingresos que siguen a
los anteriores. Finalmente, un tercer tramo corresponderá al actual arancel
completo rebajado en un 10 por ciento, para el resto de los alumnos que no
tienen acceso a becas ni créditos.
El Estado compensará a estas instituciones, garantizando que
reciban al menos la misma cantidad de recursos que percibirían por becas, CAE y
crédito solidario, además de un suplemento que compense la rebaja en los
aranceles de los alumnos que no tienen acceso a estos beneficios.
Esta medida beneficiará significativamente a todos, pero
especialmente a los alumnos que contratan créditos, los que incluyen a casi
todos los que tienen becas y que hoy deben suplementarlas con créditos para
cubrir los aranceles reales. Ellos representan más de la mitad del alumnado
total de educación superior. También se beneficiarán el resto de los alumnos,
con una rebaja del 10 por ciento de sus pagos.
También beneficia a las instituciones, puesto que aumentarán
sustancialmente sus aportes presupuestarios estables, permitiendo mejorar las
condiciones contractuales a sus académicos y funcionarios. Especialmente
aquellas que hoy reciben CAE, el cual deben avalar con los bancos que
administran este crédito. Por lo mismo, es evidente que las no todas las
instituciones de educación superior podrán optar a estos beneficios, sino sólo
aquellas que satisfagan requisitos de calidad, por ejemplo, varios años de
acreditación, y se comprometan a la rebaja sucesiva de aranceles, puesto que
sería impresentable que aprovechasen este beneficio para subirlos.
Los alumnos que estudien en instituciones acreditadas que no
estén dispuestas a entrar al nuevo sistema público con arancel diferenciado,
continuarán recibiendo becas y contratando CAE, al menos mientras se tramiten
las leyes definitivas de reforma de educación superior.
Otras instituciones ya no pueden acceder a becas o CAE,
puesto que perdieron su acreditación. No pocas se encuentran actualmente y por
lo mismo, en una situación financiera comprometida. El Estado debe preocuparse
de los estudiantes, académicos y funcionarios, de estas instituciones, así como
los de aquellas que no ameriten acceder a estos beneficios por no contar con
los años de acreditación requeridos. Para ello, la Ley de Presupuesto debe
contemplar una partida que permita reubicar en instituciones estatales, a sus
estudiantes, profesores y funcionarios, en caso de ser requerido.
Sin perjuicio a los puntos anteriores, es de vital
importancia además fortalecer a través del presupuesto a las instituciones de
educación superior del CRUCH, especialmente a aquellas estatales. Esto con el fin
no solo de permitirles enfrentar el nuevo escenario como una oportunidad de
crecimiento y avance, sino que también con el fin de, en el caso de las
estatales, ponerlas a la cabeza del nuevo sistema de educación superior en
Chile. Para esto, se plantea el aumento en un 100% del Aporte Fiscal Directo,
del cual parte importante debe ir destinado a las instituciones estatales.
El país ha manifestado su intención de terminar con el lucro
y la mercantilización de la educación. No es posible que la Ley de Presupuesto
2015 reitere y agrave precisamente las políticas privatizadoras que los han
generado en primer lugar.
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICALCentro de
Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
César Bunster Ariztía Director / Hugo Fazio Rigazzi Director
