lunes, 6 de octubre de 2014

EN DIALOGO TRIPARTITO SE CONSTRUIRÁ POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Selección de Daniel Briones -Valparaíso

Esta mañana se inició el Taller “Dialogo Tripartito para la Formulación de una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” impulsado desde la Subsecretaria de Prevision Social y donde la Presidenta de la CUT valoró la elaboración de esta iniciativa.
El taller fue inaugurado por el Subsecretario de Previsión Social, Marcos Barraza, quién valoró “las instancias tripartitas, pues permiten abordar grandes temas y desarrollar esfuerzos de largo plazo que benefician a todos”
“El dialogo tripartito es un aporte clave para el despliegue de una política de desarrollo validada socialmente” afirmó Barraza y agregó que “las políticas sociales basadas en un enfoque de derechos, en la medida que se basan en grandes acuerdos y convergencia vía diálogo social, tienen mayores probabilidades de perdurar en el tiempo”
El subsecretario de previsión social, explicó que el proceso se desarrollará a través de sos talleres en cada región del país “para generar una política que dé cuenta de especificidades sectoriales y regionales”
Luego la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, destacó “la importancia de escuchar a todos los actores cuando uno construye políticas para el país, no sólo para escuchar, sino para dar legitimidad a ese proceso”
“Que estén las dos ministras y dos subsecretarios, y la CUT y la CPC aquí, demuestra que esto es de interés transversal” agregó Blanco.
En tanto la Ministra de Salud, Helia Molina, también valoró la “importancia de diálogo social, pero además inter ministerial e inter disciplinario”
Asimismo, la Presidenta de la CUT agradeció la invitación “a participar no solo a la inauguración sino en todas estas jornadas, aquí estamos junto Ana María Muñoz, encargada de la Secretaría de Previsión Social de la CUT, y Laura San Martín, Encargada de la Secretaría de Salud Laboral, ellas dos participan porque cuando hablamos desde la CUT de seguridad laboral, no la podemos entender sino en el marco de una política de protección social”
“Asumir este desafío es enfrentar a cabalidad el llamado a luchar por trabajo decente, que no es solo tener salario y contrato, sino que también tiene que ver con el ejercicio digno del empleo, en condiciones apropiadas” agregó Figueroa.
La presidenta de la multisindical explicó que “una reforma laboral para la CUT no tiene sentido si no en la perspectiva de que mañana un sindicato no solo vaya hablar con su empleador de materias reivindicativas, sino también de buenas prácticas y políticas de salud en la empresa, de que podamos hablar de capacitación, etc”
“Teniendo sindicatos fortalecidos los empleadores van a tener una mejor contraparte para aportar más y mejor en estas políticas y en otros por cierto, como la capacitación, que es algo que también nos pesa mucho” expresó.
Figueroa afirmó que “estos temas nos convocan significativamente como movimiento sindical, no nos pasa por el lado que por ejemplo en la Unión Europea cada 3 minutos y medio muere un trabajador por causas del trabajo; no nos pasa por el lado que según la OMS cada año hay 160 millones de nuevos casos de enfermedades profesionales; no nos pasa por el lado que cerca 2 millones mueran cada año producto de accidentes en el trabajo; sería imposible que no tuviéramos sensibilidad con estos temas”
La Presidenta de la CUT clarificó además que “no es solo el compromiso de estar porque le corresponde a una central formar parte de estos espacios de dialogo, sino que estamos también porque entendemos que la única y mejor forma de políticas de tal impacto, como aquellas que tienen que ver con la seguridad, la salud y el clima laboral, se realicen correctamente, es con es estos espacios de diálogo tripartito”

LOS DIPUTADOS QUE RECIBIERON MILLONES Y LOS QUE NO ACEPTARON NADA.



Selección de Daniel Briones -Valparaíso

LOS QUE NO ACEPTARON NADA
Los 6 parlamentarios del PC, tres del PPD, tres del PS, uno del PR más Sergio Aguiló, Vlado Mirosevic y Gabriel Boric no recibieron ningún aporte de empresas para su campaña. En el Senado, solo Carlos Bianchi no los tuvo.
Los aportes reservados de las empresas a las campañas políticas están en el ojo del huracán, especialmente después de que se destapara el caso Pentagate, de presuntas donaciones irregulares que habría hecho el grupo Penta a parlamentarios de la UDI.
Es en precisamente en el gremialismo donde los empresarios tienen más interés en donar: el partido recibió más de 900 millones de pesos en las últimas elecciones.
Las grandes cifras que reciben parlamentarios son recurrentes y gracias a ellas los candidatos suelen financiar más de la mitad de sus campañas. Sin embargo, existe una pequeña cifra de honorables que no recibió ningún peso de empresas. Según datos obtenidos en el Servel, son solo 16 de 120: Ramón Farías, Loreto Carvajal y Felipe Letelier del PPD; Leonardo Soto, Denise Pascal y Daniel Melo del PS; Marcela Hernando del Partido Radical; los comunistas Hugo Gutiérrez, Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, Daniel Nuñez, Camila Vallejo y Karol Cariola; Sergio Aguiló de la Izquierda Ciudadana; Vlado Mirosevic del Partido Liberal y el independiente Gabriel Boric.

ESTOS SON LOS 10 DIPUTADOS CON MÁS APORTES RESERVADOS
El presidente de la UDI Ernesto Silva lidera el cuestionado ránking con más de 260 millones, en una lista que cuenta con 7 de sus correligionarios y que es completamente dominada por la derecha.
Los aportes reservados en campaña se han tomado la agenda política gracias al “Pentagate”, la investigación sobre presuntas donaciones irregulares a parlamentarios de la UDI. Justamente, los gremialistas lideran el ránking de mayores aportes de empresas.
En total, los candidatos de la casa de Jaime Guzmán recibieron 340 millones para los diputados y 590 millones para senadores, según datos entregados por el Servel. Este es el ránking de los 10 diputados con más aportes reservados, de los cuales 7 pertenecen a la UDI. Los otros tres se reparten entre RN, Evópoli y Amplitud.
1- Ernesto Silva………………………… (UDI): $268.249.00
2- Felipe Kast……………………………. (Evópoli: $217.832.465
3- Nicolás Monckeberg ………………(RN): $186.800.000
4- Juan Antonio Coloma …………….(UDI): $169.651782
5- Javier Macaya ………………………..(UDI): $144.666.000
6- Joaquín Godoy………………………. (Amplitud): $132.000.000
7- Jaime Bellolio …………………………(UDI): $128.166.000
8- Gustavo Hasbún……………………. (UDI): $123.485.977
9- María José Hoffman………………. (UDI): $117.264.190
10- Patricio Melero……………………. (UDI): $110.419.000

UDI RECIBE MÁS QUE NADIE
Dentro de los partidos políticos, la Unión Demócrata Independiente es por lejos quien más recibe aportes reservados de las empresas, que donan tanto para candidatos como para partidos. En estas elecciones presidenciales la UDI contó con $1.710.646.764; para la elección de senadores recaudó $591.773.652 y para la competencia de diputados sumó $341.239.714. Ningún otro partido se les acerca en cuanto a aportes reservados.

EN COMISIÓN INVESTIGADORA ARCIS



DIPUTADO GUTIÉRREZ (PC-IC) PRESENTA REQUERIMIENTO PARA INHABILITAR A DIPUTADO KAST (UDI) 

Selección de Daniel Briones -Valparaíso
El jefe de la Bancada del Partido Comunista de Chile e Izquierda Ciudadana, diputado Hugo Gutiérrez, ingresó este jueves 2 de octubre un requerimiento para inhabilitar al diputado José Antonio Kast (UDI) de la comisión relacionada con la situación de la Universidad Arcis, por considerar que las declaraciones e intervenciones del parlamentario gremialista, en contra de los diputados PC, son parciales y subjetivas.
En esa línea, Gutiérrez subrayó que las afirmaciones de Kast configuran una serie de infracciones a las normas éticas contenidas en el Reglamento de la Cámara.
“Voy a presentar un requerimiento ante la Comisión de Ética para inhabilitarlo en la Comisión Investigadora de Arcis, pues ya ha perdido toda la imparcialidad con la que tiene que ser parte de una Comisión Investigadora. De acuerdo a las normas reglamentarias que nosotros tenemos, que son muy claras y categóricas, cuando una persona integra una comisión de este tipo, tiene que hacerlo con rigurosidad, con la racionalidad e imparcialidad que se requiere”, declaró el jefe de Bancada PC-IC.
Gutiérrez agregó que el diputado UDI, en diversas intervenciones y declaraciones en la prensa, ha manifestado abiertamente su “odiosidad” con el Partido Comunista de Chile, razón que le quitaría el piso mínimo de objetividad que la Comisión Investigadora requiere.
“Creo que él (Kast) ya partió con un piso de subjetividad, de rabia, de odiosidad, que ya no se condice con la labor como miembro de una comisión que él va a integrar. Él ya partió con las premisas de que estamos hablando de militantes de un partido, de un partido que tiene ciertas características, y de atentados a la probidad. Entonces, de una vez por todas, hay que ponerle el cascabel al gato. Kast no puede participar de la Comisión Investigadora Arcis, porque ya ha emitido juicios y ha prejuzgado”, destacó el parlamentario.
Para el jefe de la Bancada PC-IC, es necesario que la investigación se haga en forma seria, para que se pueda dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y trabajadores de Arcis. Según Gutiérrez, el diputado UDI busca centrar la discusión en un ataque partidista, situación muy lejana al origen de la Comisión Investigadora.
“Si se va a investigar algo, tiene que hacerlo alguien que tenga las características de racionalidad e imparcialidad en un tema. A Kast se le pasó la mano y lo que está buscando es, solamente, buscar una sentencia contra el Partido Comunista y eso no lo vamos a aceptar. Voy a presentar este requerimiento, para de una vez por todas inhabilitarlo y que quede fuera de esta comisión investigadora y se designe a alguien con las características de imparcialidad y objetividad que se requiere en cada comisión investigadora”, concluyó el diputado Hugo Gutiérrez.

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Selección de Daniel Briones -Valparaíso
Declaración Pública ICAL-CENDA


El Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL, manifiestan su preocupación acerca del hecho que el proyecto de Ley de Presupuesto 2015 no contempla cambios significativos en la estructura actual del financiamiento público de la Educación Superior. Por el contrario, se han aumentado significativamente las partidas destinadas a “subsidiar la demanda”. Se sugiere revisarlo, redestinando el grueso de estas partidas a financiamiento directo y estable a las instituciones de calidad que establezcan el 2015 un arancel diferenciado con tres tramos: arancel cero para los estudiantes que ameritarían becas, arancel rebajado en el equivalente al arancel de referencia para quienes ameritarían crédito solidario o con aval del Estado (CAE) y no tengan beca, arancel rebajado en 10 por ciento para el resto. Adicionalmente, se sugiere establecer un fondo para reubicar en instituciones estatales a los estudiantes y académicos de las entidades que no ameriten financiamiento público.
Al respecto sugerimos considerar lo siguiente:
El incremento del financiamiento público destinado al “subsidio a la demanda”, que ya el año 2014 representaba tres cuartas partes del presupuesto de educación superior, ha generado creciente privatización, incentivado el lucro en las instituciones, debilitado la educación pública, instalado una ineficiente asignación de recursos, encarecido los aranceles y mantenido una carga agobiadora de desembolsos y endeudamiento sobre los estudiantes y sus familias. Eso no puede continuar un año más. Especialmente en el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE), que el gobierno anterior había propuesto terminar mediante un proyecto de ley que lo reemplazaba por un crédito menos oneroso. Ello fue rechazado por el actual parlamento, con el razonable argumento que la reforma daría una mejor solución, sin embargo, la misma no estará disponible para el año 2015, puesto que los proyectos de ley respectivos no han sido presentados todavía.
La Ley de Presupuesto 2015 puede recorrer de un tranco la mitad del camino hacia la gratuidad en educación superior, con pocos recursos adicionales. Parece sencillo saldar el resto mediante cinco o seis rebajas anuales sucesivas de aranceles, todas ellas ciertamente compensadas con creces mediante recursos presupuestarios estables. Es decir, la gratuidad es perfectamente posible, empezando ahora nada menos que con la mitad, beneficiando de inmediato a los estudiantes de menores recursos. Para saldar el resto, basta con el crecimiento vegetativo del presupuesto educacional o poco más. Quienes con gran alharaca proclaman que no se puede y no resulta equitativo, o no han estudiado bien las cifras, o buscan disfrazar con estos falsos argumentos su intención de dejar las cosas como están. Esto último no tiene ningún destino.
Los ingresos de operación de todas las instituciones de educación superior suman poco más de tres billones de pesos, según sus balances reportados al Sistema de Información de Educación Superior (SIES). Dos tercios de los mismos son financiados mediante aranceles, de los cuales uno es aportado por el Estado mediante becas y créditos y el otro por las familias de su bolsillo, en términos aproximados. El tercio restante de los ingresos operacionales es financiado a su vez por el Estado mediante otros aportes, y también por venta de servicios, donaciones y otros. Es decir, el Estado financia actualmente poco menos de la mitad de los todos los aranceles, tanto de pregrado y postgrado, cobrados por todas las instituciones de educación superior. Para alcanzar la mitad de la gratuidad el 2015, basta con redireccionar el grueso de las partidas del Presupuesto 2015 correspondientes a becas, crédito solidario y crédito con aval del Estado (CAE), aportando adicionalmente la parte menor de este último que hoy financian los bancos, destinando todos esos recursos a aportes directos a las instituciones de calidad debidamente acreditada, que manifiesten su voluntad de ingresar al nuevo sistema público, rebajando sucesivamente sus aranceles, a partir del 2015 hasta alcanzar la gratuidad.
Estas instituciones deberán establecer a partir del año 2015 un arancel diferenciado con tres tramos: un primer tramo con arancel cero para los estudiantes que ameritarían becas, al cual tendrán acceso todas las familias que pertenecen al 70 por ciento de menores ingresos de la población. Un segundo tramo de arancel rebajado en el equivalente al arancel de referencia, para quienes ameritarían crédito solidario o con aval del Estado (CAE) y no tengan beca, y que pertenecen a los grupos de ingresos que siguen a los anteriores. Finalmente, un tercer tramo corresponderá al actual arancel completo rebajado en un 10 por ciento, para el resto de los alumnos que no tienen acceso a becas ni créditos.
El Estado compensará a estas instituciones, garantizando que reciban al menos la misma cantidad de recursos que percibirían por becas, CAE y crédito solidario, además de un suplemento que compense la rebaja en los aranceles de los alumnos que no tienen acceso a estos beneficios.
Esta medida beneficiará significativamente a todos, pero especialmente a los alumnos que contratan créditos, los que incluyen a casi todos los que tienen becas y que hoy deben suplementarlas con créditos para cubrir los aranceles reales. Ellos representan más de la mitad del alumnado total de educación superior. También se beneficiarán el resto de los alumnos, con una rebaja del 10 por ciento de sus pagos.
También beneficia a las instituciones, puesto que aumentarán sustancialmente sus aportes presupuestarios estables, permitiendo mejorar las condiciones contractuales a sus académicos y funcionarios. Especialmente aquellas que hoy reciben CAE, el cual deben avalar con los bancos que administran este crédito. Por lo mismo, es evidente que las no todas las instituciones de educación superior podrán optar a estos beneficios, sino sólo aquellas que satisfagan requisitos de calidad, por ejemplo, varios años de acreditación, y se comprometan a la rebaja sucesiva de aranceles, puesto que sería impresentable que aprovechasen este beneficio para subirlos.
Los alumnos que estudien en instituciones acreditadas que no estén dispuestas a entrar al nuevo sistema público con arancel diferenciado, continuarán recibiendo becas y contratando CAE, al menos mientras se tramiten las leyes definitivas de reforma de educación superior.
Otras instituciones ya no pueden acceder a becas o CAE, puesto que perdieron su acreditación. No pocas se encuentran actualmente y por lo mismo, en una situación financiera comprometida. El Estado debe preocuparse de los estudiantes, académicos y funcionarios, de estas instituciones, así como los de aquellas que no ameriten acceder a estos beneficios por no contar con los años de acreditación requeridos. Para ello, la Ley de Presupuesto debe contemplar una partida que permita reubicar en instituciones estatales, a sus estudiantes, profesores y funcionarios, en caso de ser requerido.
Sin perjuicio a los puntos anteriores, es de vital importancia además fortalecer a través del presupuesto a las instituciones de educación superior del CRUCH, especialmente a aquellas estatales. Esto con el fin no solo de permitirles enfrentar el nuevo escenario como una oportunidad de crecimiento y avance, sino que también con el fin de, en el caso de las estatales, ponerlas a la cabeza del nuevo sistema de educación superior en Chile. Para esto, se plantea el aumento en un 100% del Aporte Fiscal Directo, del cual parte importante debe ir destinado a las instituciones estatales.
El país ha manifestado su intención de terminar con el lucro y la mercantilización de la educación. No es posible que la Ley de Presupuesto 2015 reitere y agrave precisamente las políticas privatizadoras que los han generado en primer lugar.
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICALCentro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
César Bunster Ariztía Director / Hugo Fazio Rigazzi Director